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Capital Federal
Jueves 21 de Septiembre de 2017

Parlamento

Diputados: Gils Carbó y la compra del edificio

27 de Junio de 2017 | 15:53 hs.

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  • Alejandra Gils CarbóAlejandra Gils Carbó

La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó apareció sorpresivamente por la Cámara de Diputados de la Nación, 24 horas después de que el bloque de Cambiemos solicitara la convocatoria de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal para que cite a la funcionaria y pueda explicar todos los temas que ya tienen intervención de la Justicia.

Gils Carbó, en esta oportunidad se mostró, en el 2° Piso del Anexo de la Cámara baja, para presentar un cuadernillo ilustrado dónde informa sobre las Experiencias de Abordaje Comunitario del Ministerio Público Fiscal realizadas. Pero, simultáneamente, ingresaba por Mesa de Entradas del Palacio Legislativo un descargo, por escrito, sobre cómo se habría producido la compra del edificio para la Procuraduría, causa que está en el juzgado de Julián Ercolini. En esta oportunidad, Carbó habló exclusivamente sobre el material que motivó su aparición, pero nada dijo a cerca de los temas que se tramitan en los juzgados federales.

Presentación de Gils Carbó sobre la compra de edificio


Procuración General de la Nación                                      Buenos Aires,   21  de abril de 2017.

A la señora Presidenta de la Comisión Bicameral Permanente  de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación

Doctora Graciela Camaño

Su despacho

                    Tengo el agrado de dirigirme a usted en el marco de  las  funciones  que  la  Ley  Orgánica  del  Ministerio  Público  Fiscal  y  el  Decreto Presidencial del Senado n° S1/16 confieren a la Comisión que usted preside. En  ese  sentido,  con  motivo  de  que  en  los últimos días se han dífundido públicamente presuntas irregularidades en torno a la adquisición, por parte de la Procuración  General de la Nación, del inmueble ubicado en la  calle  Perón   667  de   esta  ciudad,   remito   un  informe   sobre   la  cuestión   para conocimiento  de las/os  señoras/ es integrantes de esa Comisión.

El  informe  va  acompañado de  tres  anexos documentales y de copia de todas las actuaciones en las que se formalizó la adquisición de la propiedad en cuestión. El expediente adjunto está conformado por 5 cuerpos con
un total de 1031 fojas.

Por   lo  demás,  quedo   a  disposición   de  la Comisión Bicameral para evacuar toda consulta.

                                                                                                                                               Saludo a la señora Diputada atentamente.
 




INFORME PARA LA COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL MINISTERIO PÚBLICO

ADQUISICIÓN DEL INMUEBLE DE LA CALLE TTE. GRAL.JUAN DOMINGO PERÓN  667


INTRODUCCIÓN



En  virtud  de  las  funciones  que  la Ley  Orgánica  del  Ministerio  Público  Fiscal  y el Decreto Presidencial  del Senado  n° 51/16 confieren a esa Comisión  Bicameral y con motivo  de que en los últimos  días se difundieron presuntas irregularidades en torno a la adquisición,  por  parte  de la Procuración General  de la Nación,  del inmueble  de la calle  Tte.  Gral.  Perón   667  de  esta  ciudad,   se  realiza  el  presente   informe  para conocimiento de las/os señoras/es integrantes de la Comisión.

A  efectos  de  lograr  la mayor  claridad  expositiva,  este  documento cuenta  con  una primera   parte  referida  a  las  razones   institucionales que  motivaron la  compra   del inmueble   en  cuestión   y a  su  funcionalidad en  la  actualidad   (punto   U).  Luego  se recorren     detalladamente   los    pasos    administrativos   que    culminaron   con    la incorporación de la propiedad al patrimonio del Ministerio  Público  Fiscal (punto  III), se describen  las medidas  tomadas  por  esta Procuración General  una vez conocida  la existencia de eventuales irregularidades (punto IV) y posteriormente se desarrollan consideraciones  sobre  el  funcionario  presumiblemente  involucrado  en  la  cuestión (punto V). En la parte final se extraen  conclusiones (punto VI).

LA SEDE CENTRAL DEL MPF SE AJUSTA A SU MISIÓN INSTITUCIONAL

Tiempo antes  de  la llegada  al cargo  de  la Procuradora General  de  la  Nación,  sus antecesores en la función  ya habían expresado la necesidad institucional de cambiar  la sede central  de este  organismo y, para  ello, habían  dado  inicio  a procesos administrativos  encaminados al fortalecimiento edilicio del Ministerio  Público  FiscaL Tal  como   se  verá  en  el  punto   siguiente,  se  esbozaban -entre otros   motivos­ razones  de modernización en materia de administración y gestión.

En  efecto,  hasta  la adquisición  del edificio  sito  en  Perón  667, la sede  central  de  la Procuración  General  de  la  Nación   funcionó en  Guido   1577.  Allí  trabajaron  los sucesivos  titulares  de la Procuración General junto al personal técnico  que realizaba dictámenes en expedientes radicados  ante la Corte  Suprema  de Justicia  de la Nación. Una sede central de tales características  resultaba  acorde  a una concepción del rol del Ministerio  Público  Fiscal caracterizada  por  su actuación  refleja al Poder Judicial de la Nación.

En  este contexto, la adquisición  del inmueble  ubicado  en la calle Perón  -junto con otras medidas  fundacionales que se adoptaron durante  la actual gestión-respondió a una   visión   estratégica   del  rol   del   Ministerio   Público   Fiscal   en   el  sistema   de administración  de  justicia nacional  y federal, que  ajustó  la  fisonomía de  su  sede central a una noción más aggiornada de las funciones de este organismo.

La perspectiva a la que se hace referencia obliga a concebir a esta institución desarrollando labores protagónicas en un régimen procesal de corte acusatorio, con un  activo  rol  en  la  determinación   de  políticas  de  persecución  penal  dirigidas a combatir focos de criminalidad organizada y, a su vez, erigida como garante de los derechos de las víctimas, del efectivo acceso a la justicia de los sectores de la sociedad en condición de vulnerabilidad y del cumplimiento de derechos fundamentales en general.

La sede central de un Ministerio Público Fiscal enderezado a cumplir esos objetivos que, en definitiva, son los que le encomienda la Constitución  Nacional y las leyes orgánicas que reglamentan su actuación-debió ajustarse a la necesidades materiales y logisticas que demandan esos cometidos institucionales.

Así es que, en  efecto, funcionan  en  el edifico de Perón  667 las Procuradurías  de Narco-criminalidad (PROCUNAR), de Criminalidad Económica (PROCELAC), de Violencia Institucional  (PROCUVIN), así como las Direcciones Generales de Acompañamiento  a Víctimas (DOVIC), de Acceso a la Justicia  (ATAJO), de Políticas de Género, de Análisis Criminal y Planificación Estratégica de la Persecución Penal (DAC), de  Desempeño   Institucional  (DGDI),  de  Cooperación  Regional e Internacional,  de Relaciones Institucionales y de Comunicación. También  se desempeñan  en  el lugar las distintas áreas de la Secretaría General  y la Secretaría General de Coordinación Institucional.

La dinámica de trabajo generada a partir de esas características estructurales y funcionales explica el hecho que, por ejemplo, en la sede central de la Procuración General  de  la  Nación  se  gestionan  al  mes  alrededor  de  un  millar de  conflictos vinculados con derechos de víctimas de delitos -muchos de los cuales se abordan a través de entrevistas pautadas y espontáneas en el lugar-.

Además  de  todas  estas  cuestiones,  el  edificio  de  Perón   tiene  las  condiciones adecuadas para oficiar como  sede de reuniones  de alta relevancia institucional. En efecto,   allí  tuvo   lugar   la  Jornada   de   Procuradores   y  Fiscales  Generales   de Iberoamérica  sobre  Narcocriminalidad  (2016), la XVII Reunión Especializada de los Ministerios Públicos  del  Mercosur  (2015), así como  trimestrales  encuentros  con Fiscales Coordinadores  de Distrito de distintos lugares de nuestro  país. En  el lugar también se celebran jornadas con organismos de derechos humanos, con víctimas y familiares de víctimas, abogados y abogadas.

El  edificio de Perón  es también  la sede de la reunión  anual de  fiscales, a la que concurren más de trescientos magistrados/as y funcionarios/as.

En este mismo sentido, en junio próximo tendrá lugar en esa misma sede un nuevo encuentro  de  los  Ministerios  Públicos  de  Mercosur  y  en  octubre  se  realizará el Encuentro  de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (Alfu1P).

Con  anterioridad  a la adquisición  de  la actual  sede  central  del  organismo  no  se contaba   con   espacios   propios   que  permitieran   la  realización  de  reuniones   y encuentros   de  estas  características,  situación  que  importaba   un  menoscabo   en términos presupuestarios y de imagen institucional.

Vale aclarar, por último, que en virtud de su valor arquitectónico, estilístico e histórico el edificio de la calle Tte. Gral Perón  667 fue incluido en el Catálogo de inmuebles protegidos de esta ciudad -con nivel de protección  cautelar-, mediante ley 5095 del 2 de octubre de 2014 (publicada en el Boletín Oficial n° 4576, del9/2/2015).

TRÁMITES ADMINISTRATIVOS

A lo largo de este apartado se detallan los distintos procedimientos  administrativos llevados adelante en el ámbito de la Procuración  General con miras a la adquisición de un inmueble para su sede central.

A:

Mediante  Resolución  Administrativa  n°  297/11, el ex  Procurador   Esteban  Righi solicitó  créditos  adicionales  para  la  adquisición  de  inmuebles  por  parte  de  este Ministerio Público Fiscal. Concretamente,  y entre otros aspectos, fundó su pedido en la necesidad de  fortalecer  la planta  edilicia y en "una  planificación  estratégica con miras a la reestructuración del Organismo, conforme surge de las necesidades actuales y los desafíos venideros".

A  raiz  de  ello, fue  otorgada  en  el  presupuesto   correspondiente al  año  2012,  la pertinente asignación y así comenzaron  a realizarse los primeros actos administrativos orientados a la adquisición de un inmueble.

La instrucción en ese expediente administrativo para el inicio de una licitación pública "a la mayor brevedad posible" fue dada por el ex Procurador  Luis Santiago González Warcalde, quien ya se encontraba  interinamente  a cargo del organismo  (cfr. fs. 4 del expte. A 4047/2012,  de fecha 28/5/2012). Se estableció en la ocasión  como  radio posible del inmueble a adquirir el delimitado por las siguientes calles: Callao, Av. del Libertador, Juncal y Cerrito (fs. 8 y 17 del expte. mencionado), con un valor estimado por metro  cuadrado  de dólares estadounidenses  tres mil seiscientos -U$S 3.600- (fs. 7), previéndose  asimismo el pago de comisión inmobiliaria por parte de este Ministerio Público del cinco por ciento (5%) del valor del inmueble (fs. 20).

Por instrucciones del Procurador  interino, el 31 de julio de 2012, se dejó sin efecto tal convocatoria (fs. 33 del mismo expediente).

-B-

También  durante  la gestión del doctor  González  Warcalde se inició, con fecha 7 de agosto  de  2012,  el  e::-.-pte.  A  6525/2012,   con  el  objeto  de  adquirir  uno  o  dos inmuebles,  a idénticos  fines, pero  en  un  radio  urbano  más amplio  que  el anterior (conformado  por las calles Lima-Cerrito,  Córdoba, Leandro  N. Alero-Paseo Colón y Av. Belgrano -fs. 1). El  valor  estimado  por  metro  cuadrado  también  difirió  del precedente, en tanto  fue de dólares estadounidenses  un mil ochocientos  catorce - U$S 1.814-- (cfr. fs. 10). En  estas actuaciones se destacó la necesidad de encarar la compra de un inmueble  con una superficie total mínima de 3.500 metros  cuadrados (fs. 4  y 14),  y  de  ese  modo  cubrir  el  déficit  espacial  de  entonces  y  centralizar dependencias que se encontraban  dispersas en inmuebles locadas.
 
Este procedimiento también fracasó (cfr. Resolución ADM 438/2012, de fs. 265/265 vta.) por poseer sólo dos ofertas, una de las cuales era técnicamente inconveniente  y la otra, de valor muy elevado.

-C-

Frustrado el procedimiento referido, el 31 de octubre de 2012 y en el marco del Expediente Administrativo A 8798/2012,  la Procuradora  Gils Carbó convocó a la Licitación Pública n° 17/2012   (fs. 61/68).  A través de ésta se perseguía el mismo objetivo inmobiliario que en los procedimientos anteriores, pero se justipreció el estimativo  del metro  cuadrado  en  la suma  de  pesos  ocho  mil  cuatrocientos  -$ 8.400- (cfr fojas 4), equivalente entonces  a mil setecientos dólares estadounidenses -u$s 1.700-.

Este expediente avanzó administrativamente  hasta la etapa de preadjudicación -sin llegar a instancias generadoras  de derechos  subjetivos a favor de terceros1, en tanto ésta no había sido notificada-y, dado lo avanzado del ejercicio anual presupuestario y la imposibilidad de concluir el procedimiento  licitatorio antes del agotamiento  de aquél, se dejó sin efecto esta licitación pública (cfr. Resolución ADM 1022/2012 del día 28 de diciembre de ese año a fs. 2210).

-D-

Finalmente,  en  el  marco  del  Expediente  n°  1011/2013 se  convocó  a  Licitación Pública n° 1/2013, para la compra de uno o más inmuebles --en caso de ser más de uno,  contiguos-, para  ser  destinados   al  funcionamiento   de  dependencias   del Ministerio Público Fiscal (fs. 50/ 58).

El Pliego de Bases y Condiciones establecía, entre sus requisitos más relevantes que el o los inmuebles a comprar debían: i) estar ubicados dentro del límite establecido por las calles Lima- Cerrito, Av. Córdoba,  Av. L. N. Alem -Av. Paseo  Colón v Av. Belgrano, en el ámbito de la Ciudad Autónoma  de Buenos Aires (fs. 51), ii) tener una superficie cubierta total mínima de 2.400 m2 (fs. 51 vta), y iii) tener un normal estado de conservación, consecuencia del buen uso y del transcurso del tiempo (fs. 51 vta.). Asimismo, y como exigencia trascendente, la Procuración  General no reconoció comisión inmobiliaria alguna, ni comisión de ningún otro tipo (fs. 52 vta.) 3.

A la compulsa  se presentaron  cinco  (S) oferentes,  a saber: ARFINSA  S.A., con  el inmueble  de  calle  Tte. Gral. Juan Domingo Perón n° 641/643/645/649/655/659/667/671 (Oferta  W  1,  fojas  137 /298);  COLLIERS INTERNATIONAL, ofertando  el inmueble de la calle Sarmiento n° 669 (Oferta N° 2, fs. 300/304  Expte 1011/2013 y fs. 261/302  Expte 8798/2012); SUIPACHA INMOBILIARIA FINANCIERA, COMERCIAL  E INDUSTRIAL  S.A., inmueble de la calle Suipacha n° 58 (Oferta N° 3 - fs. 306/ 470); ]ALEDA S.A., ofreciendo el inmueble  de  la  calle  San  Martín  n°  390/394   (Oferta   N°  4  - fs.  472/606)   y CHACABUCO 175 S.R.L., quien ofreció en venta el inmueble de la calle Chacabuco n° 151/155 (Oferta N° S- fs. 608/655).

1- Tal como  surge de la opinión  de la Asesoría Jurídica en dictamen  previo al dictado  del pertinente acto administrativo. (Dictamen N° 11010 de fecha 28/12/2010- fs. 2207/2209
2- Debe  aclararse, en  este  punto,  que  resultaba imposible  trasladar  al  ejercicio financiero anual sub siguiente un monto  de la magnitud del inmueble preadjudicado.
3-  Al respecto cabe acotar que el pliego de este último llamado a licitación coincide, en punto a la comisión inmobiliaria, con  los  de  las licitaciones anteriores y no  se  trata de la "prohibición" del pago  de comisión inmobiliaria o de intervención de este tipo de intermediarios, sino que se propone dejar en claro, tal como sucedió, que dicho costo, de existir eventualmente, seria soportado por el respectivo comitente, resultando por ende, de suyo ajeno a toda transacción con la PGN.
 
Según consta a fs. 656 del expediente 1011/13, la oferta económica de los distintos postulantes  fue la siguiente: Oferta  N° 1 $ 43.850.000; Oferta  N° 2 $ 55.000.000; Oferta W 3 $ 38.590.000; Oferta N° 4 $104.000.000 y Oferta W S $ 84.000.000.

En  el anexo I  adjunto  al presente  informe  obra  un  cuadro  comparativo  de  estas ofertas.

El inmueble de la oferta N° 1, además de resultar técnicamente  el más conveniente, era el de menor  precio por metro  cuadrado  entre  todas las propiedades  ofertadas y por ello fue el adjudicado.

Por  otra parte, a lo largo de todo este procedimiento  licitatorio, incluidos sus actos preparatorios, intervinieron activamente instancias de control internas y externas que validaron cada uno de sus actos.

Las áreas internas de la Procuración  General tomaron intervención  con el sentido transcripto a continuación:

•  La Secretaria General de Administración  elevó el proyecto de resolución  que aprueba el llamado a licitación y su respectivo Pliego de Bases y Condiciones (fs.  49),  intervino   en  el  procedimiento   de  apertura  de  ofertas   (fs. 134), comunicó a la Oficina Nacional de Presupuesto  la resolución que modificó la distribución de los créditos  presupuestarios  asignados a esta contratación  (fs. 878/880)  y acompañó  el Certificado Fiscal para Contratar  del propietario del inmueble  preadjudicado  (fs. 882). En  el anexo II del presente informe  obra copia del certificado fiscal aludido.

• La  Sección  Arquitectura  intervino  en  la  confección  del  Pliego  de Especificaciones Técnicas para la adquisición del inmueble y estimó el precio unitario de compra por metro cuadrado en $ 12.500. (fs. 6)

• El Área de Planificación Edilicia efectuó el informe  técnico de cada una de las ofertas  (fs. 682/791)  y realizó la verificación  in situ de las instalaciones del inmueble adjudicado (fs. 884).

• El Departamento de Logística proyectó el acto administrativo que autorizó la convocatoria y aprobó  el Pliego de Bases y Condiciones (fs. 11). También fijó fecha de apertura de ofertas y ordenó la difusión de la convocatoria (fs. 59).

• La  Sección  Contrataciones   intervino  en  el  procedimiento   de  apertura  de ofertas  (fs. 134), realizó el cuadro  comparativo  de precios de las ofertas  (fs. 656), elevó las ofertas recibidas, el cuadro  comparativo  de precios y efectuó comentarios  referidos  a  dichas ofertas  (fs. 662). A la vez, confeccionó  un informe sobre la documentación  presentada por cada uno de los oferentes (fs. 863/867).

• La Sección Presupuesto  certificó la disponibilidad presupuestaria del ejercicio 2013 para afrontar el gasto (fs. 65).

• El  Departamento  de  Informática   y  Comunicaciones   formuló   el  informe técnico  de  infraestructura   de  redes,  datos  y  telefonía  de  cada  uno  de  los inmuebles ofertados  (fs. 666/680).

• La Sección Tesorería extendió los cheques con los que se abonó  el precio del inmueble adquirido y los honorarios de la Escribanía General de Gobierno  de la Nación  (fs. 937). Posteriormente informó  el débito  correspondiente   (fs.946).

• La Asesoría Jurídica tuvo intervención tanto en la convocatoria a la licitación pública de que se trata, como en la resolución que puso fin al procedimiento. Ambos actos contaron  con opinión favorable de ese cuerpo de asesoramiento del  organismo  (fs. 28/32  y  900/905)   y  las  sugerencias  realizadas  por  la Dirección fueron receptadas en las resoluciones respectivas.

.   La Comisión de Pre-adjudicación emitió dictamen n° 6/2013  con fecha 13 de mayo de  2013,  mediante  el cual resolvió  por  unanimidad  pre-adjudicar  al oferente del inmueble sito en la calle Perón 667, por resultar su oferta "económica,  arquitectónica  y  funcionalmente  superior  a  sus  competidoras, siendo  la única que  satisface integralmente  los  objetivos  plasmados  al dar inicio a este expediente...".

Las características que tuvo en cuenta la Comisión de Pre-adjudicación fueron las siguientes:

Precio por metro cuadrado: $ 8.254,89/m2

Ubicación: Inmueble  sito en la calle Teniente  General Juan  Domingo  Perón
N° 641/3/5/9/655/9,667 y 671. Superficie cubierta total: 5.312 m2. Precio total ofrecido: $ 43.850.000.
Tasación del Tribunal de Tasaciones de la Nación:$  45.050.000.

Como anexo III del presente informe se acompaña copia del dictamen completo de la Comisión de Pre-adjudicación.

.   La Unidad  de Auditoría  Interna  (UAI) controló  ex post todos  los  actos  de relevancia del procedimiento administrativo.

Como órganos ajenos a la Procuración  General de la Nación tomaron  intervención en el trámite:

•  La Escribanía General de la Nación, que intervino en la confección del acta de apertura  de  las ofertas  del  procedimiento  licitatorio  (fs. 134/135)   y en  la escritura traslativa de dominio del inmueble adquirido.

•    El Tribunal  de Tasaciones  de la Nación, que  procedió  a tasar los distintos inmuebles ofertados  (fs. 793, 796, 797 y 913). Específicamente,  justipreció el inmueble sito en Perón 667 en $ 45.050.000 -es decir, un millón doscientos mil pesos  ($ 1.200.000 más de lo ofertado  y efectivamente  abonado  (v. fs. 797)-.



4 Para mayor detalle, el 5 de marzo de 2013, la Asesoría Jurídica emite opinión y realiza una serie de sugerencias técnicas al proyecto, sin perjuicio de las cuales considera que no existen reparos de índole legal que formular. En este sentido, e),:presamente señala que "habiéndose acreditado la necesidad de la contratación y llevado a cabo los procedimientos reglamentarios pertinentes( ...) nada obsta para que (la PGJ:J) proceda a emitir el acto administrativo proyectado...". (fs. 28/32).
Como consecuencia de ese dictamen, la PGN  dictó  la Res. Adm. 317/2013 que receptó la mayoría de las modificaciones sugeridas por la Asesoría Jurídica (cfr. fs. 48/49). En dicha resolución se dispuso autorizar la convocatoria a licitación pública para la compra de un inmueble y aprobar el correspondiente pliego de bases y condiciones (Licitación Pública n° 1/2013).  Expresamente quedó consignado en las cláusulas particulares del mencionado pliego que la PGN "no reconocerá comisión inmobiliaria alguna, ni comisión de ningún otro tipo" (fs. 52 vta).
 
-IV-

LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LA PROCURACIÓN GENERAL TRAS LA PRIMERA NOTICIA SOBRE EVENTUALES IRREGULARIDADES

La Procuración  General de la Nación se anotició por información  periodística de la presunta existencia de irregularidades en la adquisición del inmueble de la calle Perón y cuatro días después --el 23 de marzo  pasado-- recibió una orden de presentación del titular del Juzgado Federal n° 1O de esta ciudad, doctor Julián Ercolini, mediante la cual se requirió a este organismo  la documentación  relacionada con  la compra  del inmueble de Perón 667.

Esos hechos fundaron  la decisión de la Procuradora  General de la Nación de iniciar actuaciones administrativas con miras a esclarecer cualquier irregularidad que haya podido suscitarse en el marco de la adquisición inmobiliaria aludida (cfr. expediente CUDAP 1178/2017). La primera medida ordenada en ese contexto fue la urgente solicitud al titular de la Secretaría General  de Administración  de amplios informes respecto  del tema -los que fueron  presentados  por el funcionario requerido  en 72 horas-.

Pocos días después del inicio de esa investigación interna --concretamente, el 8 de abril pasado-, el portal de noticias Infobae publicó información  periodística de la que surgía que una persona identificada como Juan Carlos Thill, mediante la utilización de información   privilegiada  suministrada   por   un   funcionario   de  esta  Procuración General, se habría beneficiado con el cobro de un alta suma de dinero por tareas de asesoramiento   brindadas   a  la  inmobiliaria   que  realizó  la  oferta   del  inmueble finalmente adquirido. El funcionario señalado en la nota periodística es el licenciado Guillermo Bellingi, quien a su vez resultaba indicado por el periodista como hermano de Juan  Carlos Thill. El  artículo  periodístico  también  mostraba  la imagen  de  una factura  que  Thill  le  habría  emitido  a  la inmobiliaria  intermediaria,  en  la  que  se consignaba información  que evidenciaba el conocimiento  que este último trata sobre aspectos del procedimiento administrativo que no eran públicos.

La  verosimilitud  de  algunos  aspectos   de  la  información   periodística  pudo   ser verificada en pocas horas mediante un informe  solicitado de manera  urgente por la Procuradora  General  de  la Nación  a  la Dirección  Disciplinaria. En  efecto,  pudo establecerse   que   Guillermo   Bellingi  había   tenido   participación   en   el  proceso administrativo que culminó con la adquisición del inmueble de la calle Perón y que resultaba altamente  probable  un -vínculo familiar entre  éste  y Thill. Esos  extremos, conjugados  con  la información  que  surgía de  la factura  publicada, terminaron  de conformar  el esquema de presunciones  en función  del cual la Procuradora  General dispuso la suspensión preventiva de Bellingi y el inicio de un sumario administrativo orientado a dilucidar la responsabilidad del nombrado  y a estudiar  integralmente  ese proceso  licitatorio a fin de determinar  cualquier otra  responsabilidad  que por  esos hechos  pudiera  corresponder  (cfr. Resolución  PER  782/2017,  del 10  de  abril de 2017).

El doctor Sergio Rodríguez, Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, fue el magistrado designado por la Procuradora  General para que en el plazo de 60 días sustancie el sumario en cuestión y produzca un informe final.
 
-V-

ANTECEDENTES FUNCIONALES

Conforme   los  registros  existentes,  la  designación  de  Guillermo   Bellingi  en  la Procuración  General de la Nación  tuvo lugar el 26 de septiembre  de 2012 tras una serie de entrevistas laborales. Su incorporación  estuvo motivada en la necesidad de contar con un/a  profesional con conocimientos  técnicos en regímenes de compras y contrataciones  en el ámbito  de la administración  pública. Ello, fundamentalmente, para modernizar  y elevar los índices de transparencia  de las normas  reglamentarias que regían por entonces  en el organismo sobre este aspecto --objetivo  institucional que, como se verá a continuación, se alcanzó a mediados de 2014--

Según surge de su legajo personal, su contratación obedeció a sus antecedentes profesionales y académicos en el tema. Puede verse, en este sentido, que Bellingi fue Director   Nacional  de  la  Oficina  Nacional  de  Contrataciones   de  la Jefatura  de Gabinete   de  .Ministros  de  la  Nación,  Director   General   de  Administración   del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y, previamente, Gerente General de la   Corporación   del   Mercado   Central   de   Buenos   Aires.  Por   otra   parte,   fue Coordinador   General   y  Consultor   del  Programa   de  Naciones   Unidas   para  el Desarrollo (PNUD ARG/97 /035 y PNUD  98/023).

Bellingi, por lo demás, es Licenciado en Economía, cursó la Maestría en Gobierno  y Desarrollo Escuela de Política y Gobierno  de la Universidad Nacional de San Martin, es miembro del Centro de Investigación en Economía Política y Comunicación (CIEPYC), y docente de grado y post grado de la Universidad Nacional de La Plata. Realizó numerosas publicaciones y participaciones como expositor en talleres, conferencias, cursos, seminarios y congresos nacionales e internacionales con eje en la temática de compras y contrataciones gubernamentales, administración y políticas públicas.

El cargo  con  el que Bellingi ingresó  a esta institución  -y que  mantuvo  hasta  su reciente suspensión  preventiva-fue el de Subdirector  General, cargo del escalafón administrativo, equivalente al de secretario/a  de fiscalía general.

Desde  el principio Bellingi estuvo trabajando, principalmente, en la elaboración del Reglamento de Compras y Contrataciones  del .Ministerio Público Fiscal de la Nación -instrumento  que  fue  finalmente  aprobado   el  2  de   junio  de  2014,  mediante Resolución PGN 1107/14--.

Además de ello, en los primeros tiempos de su desempeño  en la institución, Bellingi intervino, sin capacidad decisoria, en trámites propios de la Secretaría General de Administración  -una de  cuyas intervenciones  es  la  que  ahora  se  cuestiona- y cumplió funciones de asesoramiento en la confección del Plan de Transparencia Institucional (aprobado mediante Resolución PGN  914/13, del 17 de mayo 2013).

Finalmente, el último lugar de desempeño  de Bellingi fue la Procuraduría  de Criminalidad Económica  y Lavado de Activos (PROCELAC), lugar al que pasó en diciembre de 2013 dado que allí se necesitaban expertos para el área Técnica. En ese ámbito trabajó bajo dependencia orgánica de los/as  titulares de la Procuraduría y bajo la dirección funcional de ellos/as y de los/as  fiscales a cargo de los casos en los que se pidió colaboración.
 
-VI-

CONCLUSIONES

En el inmueble de la calle Tte. Gral. Perón 667 de esta ciudad funciona la sede central del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Ese edificio constituye en la actualidad el espacio físico donde se desempeñan integradamente   los  equipos   de  trabajo   que   asisten  a  todos/as  los/as   fiscales nacionales y federales del país, y que atienden víctimas y público en general

La necesidad institucional de adquirir un inmueble de esas características ya había sido expresada por los titulares de este organismo  desde, al menos, el año 2011. Fueron cuatro los procesos administrativos iniciados con miras a lograr tal adquisición.

Como  pudo  verse  previamente,  los  primeros  tres  procedimientos  fracasaron  por distintas razones. Fue el cuarto trámite el que satisfizo ese cometido institucional, en tanto,  mediante  un  procedimiento   que  contó  con  la  intervención   de  todos  los órganos de control internos  y externos competentes,  se alcanzó la adquisición de un inmueble con las características técnicas buscadas y a un valor inferior  al precio de mercado.

Si bien esas instancias de control y el riguroso cumplimiento  de los pasos administrativos impidieron todo perjuicio patrimonial al erario público, las investigaciones en curso demostrarán  si un eventual uso indebido de información privilegiada para ostentar  una  aparente  influencia generó  un  beneficio  personal  en desmedro de la transparencia de la administración del organismo.

Es así que, tras el primer indicio acerca de la existencia de tal irregularidad, esta Procuración  General  tomó  todas las medidas a su alcance para un pronto  y eficaz esclarecimiento de los hechos.


Buenos Aires, 21 de abril de 2017.
 


      
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